La Expropiación Petrolera

Una de las preocupaciones del Congreso Constituyente de 1917 fue que las leyes que le dieran a la nación tuvieran un efecto benéfico en la sociedad y sirvieran para apoyar y proteger la parte más vulnerable de ésta, de tutelar sus derechos con el propósito de equilibrar las fuerzas y el trato entre ellas partiera de un sentido de equidad.

Así, el Constituyente de 1917, al legislar los artículos 27 y 123, creó la primera declaración de los derechos sociales, en la medida en que intenta establecer las condiciones mínimas de justicia en las relaciones de los trabajadores del campo y de los trabajadores industriales, ya que partía de la consideración que el trabajo es un valor básico de las relaciones económicas y sociales.

Al llegar a la Presidencia de la República, el general Lázaro Cárdenas retoma la preocupación de sentar las bases de equidad y justicia en las relaciones entre los factores de la producción, tanto en el campo como en la industria. Puesto que los campesinos y los obreros eran la parte más débil de esa relación, el Estado debía actuar a su favor y asegurar que sus derechos fueran en todo momento respetados.

Desde muchos años atrás, el Estado mexicano había concesionado a individuos y empresas extranjeras la explotación de la riqueza natural del país, como la plata, el cobre, diversos productos agrícolas y pesqueros, y el petróleo.

En el caso de este último recurso natural, las empresas extranjeras que contaban con el permiso del gobierno mexicano para explotarlo, se negaron a aceptar las disposiciones legales para que fueran reconocidas las organizaciones de los trabajadores nacionales, con quienes debían negociar las condiciones de trabajo, entre las cuales ocupaban un lugar muy importante las consideraciones sobre el salario y las prestaciones.

Las empresas petroleras no sólo se negaron a acatar la ley laboral, sino incluso su responsabilidad de pagar los impuestos, a lo que estaban obligadas por un mínimo de equidad, ya que hasta entonces habían gozado de una serie de consideraciones de todo tipo: prácticamente explotaban en su provecho, de manera gratuita, un recurso natural que le pertenecía a todos los mexicanos.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció porque las compañías petroleras debían acatar el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a favor de sus trabajadores.